La jueza penal Mariel Suárez participó de la reunión desarrollada en la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, donde autoridades judiciales, policiales y representantes de organismos vinculados a la niñez analizaron cómo actuar ante la implementación del nuevo régimen penal juvenil. Remarcó que cada situación deberá evaluarse de manera particular y reclamó infraestructura y personal especializado para poder aplicar la normativa. Tras el encuentro realizado en la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, la jueza penal Mariel Suárez se refirió a los principales puntos abordados entre funcionarios judiciales, autoridades policiales, defensores públicos y representantes de la Asesoría de Familia, frente a la implementación del nuevo régimen penal juvenil. Suárez remarcó que cada situación deberá ser analizada de manera particular, por lo que no existe una única respuesta para todos los casos que involucren a adolescentes. “Cada caso es particular, así que cada caso se va a analizar en forma. Cómo se va a decidir, será de parte de las autoridades”, explicó. Uno de los principales obstáculos que identificó es la falta de infraestructura adecuada para alojar a adolescentes que puedan quedar involucrados en una investigación penal. La magistrada señaló que los funcionarios están recibiendo capacitaciones sobre la nueva normativa, aunque consideró que ese proceso no resulta suficiente si no está acompañado por recursos materiales y humanos. “Todos los funcionarios estamos recibiendo capacitaciones, pero evidentemente con las capacitaciones no alcanza si no tenemos la infraestructura para alojar a estos jóvenes”, sostuvo. “La buena voluntad no es suficiente” Suárez puso el foco especialmente en la necesidad de preparar al personal policial, debido a que serán los efectivos que intervengan inicialmente ante una situación que involucre a un adolescente. “Nosotros queríamos saber cuál es el nivel de capacitación que está recibiendo el personal preventor, que es el personal policial, que es el que va a estar en la calle realizando las detenciones”, explicó. En ese sentido, sostuvo que desde los organismos judiciales ya comenzaron a brindar algunas instrucciones y explicaciones sobre la normativa, pero consideró que el desafío requiere mucho más. “La buena voluntad no es suficiente. Necesitamos lugares, personal capacitado, infraestructura. Hay muchas cosas por definir”, afirmó. La jueza recordó que la normativa fue sancionada meses atrás, aunque su implementación efectiva tomó por sorpresa a distintos actores del sistema. “Esta ley salió en marzo, pero fue una sorpresa para muchos operadores que se implemente el 5 de septiembre”, señaló. Según explicó, parte del personal policial desconocía que el nuevo régimen comenzaría a aplicarse en esa fecha, ya que existía la expectativa de que todavía quedaban pasos pendientes para su implementación en la provincia. Ante ese escenario, representantes del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa decidieron reunirse con las autoridades policiales para establecer pautas comunes de actuación. “Somos los que estamos de turno las 24 horas todos los días, y lo que hacen frente a esta situación es el personal policial”, explicó Suárez. Capacitación para los policías La magistrada confirmó que uno de los objetivos del encuentro fue avanzar en la capacitación del personal policial y transmitirle cuáles deben ser las pautas de intervención inicial frente a un menor. “Vamos a tratar de poder transmitirle lo que nosotros podamos, colaborar con ellos y transmitirle cuál es la atención primaria que ellos tienen que tener”, indicó. En este punto, Suárez destacó un concepto que consideró fundamental para comprender el espíritu del nuevo sistema: la punibilidad no necesariamente implica un castigo. “Tenemos que tener en consideración que hoy hay muchas reglas. Ya no hay una división de delitos, los menores son responsables a partir de los 14 años, ya no tenemos diferenciación de delitos, pero hay que tener en claro a la sociedad que punibilidad no es igual a castigo en todos los casos”, sostuvo. La jueza consideró que ese criterio también debe ser incorporado por los efectivos policiales al momento de intervenir, especialmente cuando se trate de hechos considerados de escasa lesividad. Cada caso tendrá un análisis particular Consultada sobre la posibilidad de aplicar medidas como la prisión domiciliaria, Suárez evitó establecer una regla general y reiteró que las decisiones dependerán de las características de cada expediente. “Tenemos que analizar cada caso en concreto”, afirmó. Respecto de las medidas posteriores a una eventual imputación y los mecanismos destinados a la rehabilitación de los adolescentes, señaló que se trata de una instancia que corresponde principalmente a los operadores judiciales. Para la magistrada, el desafío inmediato pasa por lograr que policías y operadores judiciales cuenten con herramientas claras para actuar desde el primer momento, en un contexto en el que la nueva normativa ya se encuentra vigente y requiere una respuesta coordinada de los distintos organismos.