El diputado nacional Juan Pablo Luque junto a su par Guillermo Michel, presentaron un proyecto de ley para incorporar la pesca ilegal al Código Penal y establecer penas de prisión para quienes desarrollen actividades que atenten contra la conservación de los recursos pesqueros, la sustentabilidad ambiental y la soberanía argentina sobre el Mar Argentino. La iniciativa busca que las conductas más graves vinculadas a la pesca ilegal dejen de ser consideradas únicamente infracciones administrativas y puedan ser perseguidas penalmente cuando generen daños relevantes sobre los recursos naturales o vulneren los mecanismos de control del Estado. «Durante años permitimos que muchos actores depreden nuestro mar sin tener consecuencias acorde. Cuando se depreda el mar argentino, se destruye empleo, se compromete el futuro de nuestras comunidades costeras y se atenta contra recursos que pertenecen a todos los argentinos. Eso tiene que tener consecuencias penales», sostuvo Luque. El proyecto prevé penas de prisión para quienes pesquen en períodos de veda, capturen especies protegidas, operen en zonas restringidas por razones de conservación, utilicen métodos prohibidos o oculten capturas de manera significativa para evadir controles. Además, incorpora agravantes para casos que involucren especies amenazadas, áreas protegidas, el uso de explosivos o sustancias tóxicas, la participación de funcionarios públicos y embarcaciones extranjeras que operen sin autorización bajo jurisdicción argentina. «La depredación de nuestros recursos no puede seguir siendo un negocio rentable. Hay organizaciones que obtienen enormes ganancias mientras dejan un daño ambiental que tarda décadas en recuperarse. El Estado tiene la obligación de actuar con firmeza», afirmó el legislador chubutense. La propuesta también alcanza a quienes compren, transporten, almacenen, industrialicen o comercialicen productos provenientes de pesca ilegal con conocimiento de su origen, y establece mecanismos de responsabilidad para las empresas que se beneficien de estas prácticas. «La pesca ilegal no empieza ni termina en un barco. Existe una cadena económica que financia, encubre y obtiene ganancias de estas actividades. Si queremos combatir seriamente este problema debemos perseguir toda la estructura y no solamente al último eslabón», señaló. Finalmente, Luque remarcó que la defensa de los recursos marítimos constituye una política estratégica para el país y particularmente para la Patagonia. «No estamos hablando solamente de peces. Estamos hablando de soberanía, de trabajo argentino, de desarrollo productivo y de la obligación de preservar recursos que son patrimonio de las próximas generaciones. Quien saquea el mar argentino debe saber que ya no enfrentará solamente una multa: enfrentará a la Justicia penal», concluyó.